La sentencia del caso ERE que condena a 15 altos cargos del PSOE andaluz entre un total de 21 culpables supone un broche de oro a la historia de la sistémica corrupción socialista en la región. 40 años; que se dice pronto. 40 años en los que un sinfín de delitos por los mismos conceptos han quedado sin castigo porque nadie los ha investigado, y que a estas alturas nadie investigará porque es inútil abrir causas para delitos que habrán prescrito hace tiempo.
El hecho de que este exiguo grupo de socialistas haya sido condenado, unos cuantos de ellos a penas de prisión e inhabilitación y otros solamente a penas de inhabilitación, en realidad, no deja de ser una burla y una afrenta para todos los españoles de bien.
No es que esté mal condenar a delincuentes. Es magnífico, sobre todo en los tiempos que vivimos. Pero que apenas unos pocos indeseables personajes reciban su castigo mientras que miles de beneficiarios de la ya tradicional corrupción andaluza siguen libres y disfrutando de lo robado es absolutamente indignante. Como indignante es, si se piensa detenidamente, el hecho de que a un tipo como Cháves, que está retirado de la política, se le condene a inhabilitación para ejercer cargo público. Si esto no es una burla al contribuyente, que me diga alguien qué es. Y siendo que Cháves no es el único político retirado que recibe condena de inhabilitación, lo cierto es que la sensación de vergüenza que uno siente al leer las conclusiones finales de la sentencia es, cuando menos, apabullante.
