Los centros escolares y los institutos pueden ser públicos, privados o concertados, un estado a medio camino entre los otros dos extremos en materia económica. Sabiendo esto, podemos adivinar fácilmente cómo funciona la estructura financiera de cada uno de ellos. Según uno u otro caso, la financiación de los recursos materiales básicos del centro correrá a cargo de un organismo público o de un capital privado, entendiendo como tal una empresa, una familia o un individuo. Los concertados, por su parte, suelen servirse de un mix de ambos tipos de financiación, lo que puede resultar caótico pero, al mismo tiempo, útil.
La educación pública depende del Ministerio de Educación, de la Administración Pública y del Gobierno. Esto quiere decir que se sustenta básicamente de subvenciones y ayudas, empleadas a posteriori en el mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, en el material escolar, en las ayudas a familias y en los eventos extraescolares, entre otros aspectos igualmente importantes. Los colegios privados, sin embargo, suelen disponer de una fuente útil de beneficios gracias a los fondos que lo sustentan. Merece la pena señalar, de todos modos, que también pueden servirse de otro tipo de herramientas privadas secundarias, como los créditos online.
La problemática reside en que el nivel de calidad no es nunca el mismo en un colegio público que en uno privado. Normalmente, en el primer caso es inferior, exactamente lo mismo que ocurre en el ámbito de la sanidad. Vivimos en una sociedad que no valora lo suficiente los servicios públicos como para invertir todavía más dinero en ellos. Sin embargo, la realidad es la que es, y nosotros, como ciudadanos, estamos pagando impuestos precisamente para tener una serie de derechos básicos garantizados. La educación secundaria y la Seguridad Social son pilares fundamentales.
Las ayudas privadas, tanto si nos referimos a créditos sin nómina como a otros recursos, son prácticas, y a día de hoy necesarias mientras existan los colegios privados y concertados. Pero ello no nos debe impedir ver la realidad: educarnos es un derecho básico, y debería serlo en todos los niveles de enseñanza incluyendo la universitaria.
