Según ha publicado la semana pasada el portal web The Objective, el empresario Íñigo Sánchez-Asiaín, fundador de Portobello Capital, firma que constituyó las clínicas Vivanta en 2017 tras la compra de Unidental, opta a un rescate público de 40 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según El Distrito fuentes de Vivanta han indicado al referido medio de comunicación que “la situación de la compañía actualmente es buena” y que aparentemente está “llegando a niveles de facturación prepandemia”, aunque ello no ha impedido la solicitud de ayuda pública al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
En total, 60 compañías han solicitado ayudas de este tipo al Fasee, de acuerdo a información suministrada a mediados de este mes de diciembre por la SEPI, en la que además anunciaban la contratación de asesores jurídicos y financieros externos para analizar la situación particular de tres de las más de medio centenar de empresas, entre las que figura Vivanta.
Si se miran las condiciones detalladas en la orden ministerial por la que se establece el funcionamiento del Fasee, se podría decir que las ayudas públicas solicitadas por Vivanta a la SEPI están en riesgo, debido a que la compañía tiene abiertos varios frentes judiciales en los Juzgados desde 2018 contra sus antiguos accionistas minoritarios.
Además, registró pérdidas por 20,13 millones de euros a cierre de 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por The Objective mediante la herramienta Insight View.
Para poder optar a las ayudas públicas del Fondo dotado con 4.000 millones de euros se debe, entre otras cosas, no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre del 2019, así como “no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos”.
Así las cosas, estas dos condiciones amenazan el rescate a Vivanta, toda vez que Portobello mantiene abiertos varios casos penales y mercantiles con los antiguos socios minoritarios de Vivanta. En concreto, los Juzgados de Instrucción de Primera Instancia Nº 49 y 21 tienen abiertos sendos procesos en los que están siendo investigados varios directivos de la firma de capital privado.
Todo ello, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, mientras que existen otros dos casos pendientes de sentencia en los Juzgados de lo Mercantil Nº 2 y 13 de Madrid. Por si fuera poco, el Juzgado Mercantil Nº 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta.
