El magistrado ha aceptado la petición del Ministerio Fiscal de esta medida cautelar para el expresidiario porque entiende que concurren los requisitos imprescindibles para adoptar la decisión en cuanto a que existen indicios racionales de criminalidad relativos a la comisión de un delito grave y la posibilidad de que tanto Mario Conde como su abogado pueden obstruir la correcta administración de la justicia y malbaratar la investigación.
Mario Conde fue sentenciado a prisión y al abono de responsabilidad civil a favor de Banesto por la Sala de lo Penal en los años 1997 y 2000. Acumuladas ambas condenas la responsabilidad civil impuesta solidariamente ascendió a 26 millones de euros de los que se han abonado casi 12 millones. Mario Conde ha puesto a nombre de terceras personas fincas que debieron ser incautadas en la ejecución de aquellas sentencias.
En estos momentos la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene indicios que desde el año 1999, tres años antes de ingresar en prisión, Mario Conde ha venido desarrollando a través de su entorno más cercano actividades de blanqueo de capitales procedente de las apropiaciones indebidas que el condenado realizó contra Banesto. Hasta el 2014 se han hecho ingresos por importe de 2,3 millones de euros y se han recibido transferencias de cuentas ubicadas en el extranjero por más de 10,7 millones de euros. Cantidades de difícil justificación y que han engordado cuentas corrientes vinculadas a Mario Conde.
La resolución no es firme y cabe recurso en el plazo de tres días. Una opción que a buen seguro llevará a cabo Conde que ante el juez «ha negado todo lo que se le está imputando» y ha afirmado «que va a poder acreditar el origen del dinero».
