Según un análisis del comparador de créditos rápidos Wannacash.es, existe un manifiesto de la UNESCO relativo a las bibliotecas, el libro y la lectura, en el que se establece que las bibliotecas públicas son un centro de información cuyo objetivo primordial es garantizar el derecho humano fundamental del acceso al conocimiento y a la cultura, un rasgo que constituye uno de los pilares esenciales de cualquier estado democrático.
Eso significa que, a día de hoy, las bibliotecas públicas tienen un deber con los ciudadanos y las ciudadanos de todos los estados modernos e igualitarios, pues se presentan como instituciones que salvaguardan la producción literaria e informativa de una localidad concreta y, por extensión, de todo el mundo.
Esta realidad también significa otra cosa, algo que en principio debería inferirse por simple lógica: las bibliotecas públicas deben estar financiadas por los estados a los que pertenecen, lo que por extensión significa que está pagada con los impuestos de la propia ciudadanía.
Esto ocurre así en prácticamente todos los casos. Sin embargo, el debate existe y la cosa no está tan clara como parece a simple vista, y muchas organizaciones de bibliotecas y bibliotecarios se preguntan si no deberían pagar los usuarios de las bibliotecas públicas un coste por todos los servicios utilizados o, por lo menos, por aquellos que suponen un mayor gasto a largo plazo.
No obstante, es posible que este pago de costes atente contra la realidad ética y deontológica de las bibliotecas públicas. Si son, en efecto, centros de información y cultura destinados a garantizar la formación en dichos ámbitos de cualquier persona con independencia de su raza, sexo, etnia o capacidad adquisitiva, ¿no debería cada Gobierno garantizarlo con el uso de los fondos públicos en su creación, su mantenimiento y sus servicios? ¿No deberían las bibliotecas públicas ser, por lo tanto, una garantía que no interfiera con los fondos económicos de las personas que desean utilizarla? Sin duda, tanto en la teoría como en la práctica debería ser así.
Además, las bibliotecas públicas pueden y deben distinguirse de las bibliotecas privadas fundamentalmente en su accesibilidad y el hecho de ser gratuitas. Las bibliotecas privadas, por lo general, se especializan en temáticas, materias y disciplinas concretas.
Su financiación, por tanto, surge de organizaciones privadas que velan por la difusión de dichas áreas del conocimiento, y su tipología de usuarios es muy específica. Pero las bibliotecas públicas se destinan a todas las personas y su financiación estatal no debería ponerse en tela de juicio.
